¿Neutralidad proactiva o ambigüedad mexicana en Venezuela?

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido brindar protección al diputado opositor Franco Manuel Casella, hecho que se interpretado como un posicionamiento a favor de la oposición venezolana.

 

El pasado 14 de mayo en la ciudad de Caracas, la Embajada de México en Venezuela brindó protección al diputado opositor Franco Manuel Casella miembro del partido Voluntad Popular e integrante de la Asamblea Nacional donde funge como presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Casella es acusado de estar implicado en el alzamiento del pasado 30 de abril,  acción encabezada por el autoproclamado presidente Juan Guaidó en el que se liberó de su arresto domiciliario a la cabecilla de la oposición Leopoldo López quién es -junto con Juan Guaidó- uno de los líderes más importantes del movimiento opositor al gobierno de Nicolás Maduro y dirigente del Partido Voluntad Popular. Leopoldo se encontraba en arresto domiciliario desde septiembre del 2015 luego de ser condenado por delitos de instigación pública.

El hecho de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) haya decidido brindar protección al diputado Casella ha levantado suspicacias en la opinión pública ya que se interpreta como un posicionamiento a favor de la oposición venezolana; de igual forma, esto no ha caído en buenos ánimos entre los pocos simpatizantes del chavismo al interior de las arcas del partido Morena.

Aunado a esto, y con el antecedente de las acusaciones de simpatía del presidente mexicano hacia la causa chavista -originadas desde su campaña presidencial en 2006- se entiende que este tema sea de gran sensibilidad para la actual administración, sin embargo, contrario a dichas denuncias, la actitud mexicana ha sido desde el inicio de este sexenio el promover el diálogo entre las partes involucradas para lograr una solución pacífica al conflicto.  

En este sentido, se ha impuesto una visión de política exterior apegada a los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de controversias. Entonces, ¿cómo se puede explicar la protección de Casella desde una perspectiva de política exterior constitucional?.

La posición mexicana puede parecer compleja y hasta contradictoria, pero tomando en cuenta que Casella -junto con otros tres legisladores de oposición- ha sido despojado de su inmunidad parlamentaria y señalado, entre otras cosas, por delitos de traición a la patria y rebelión civil, se puede aseverar que sus garantías constitucionales y derechos como legislador están siendo vulnerados. Así, el gobierno mexicano hace ejercicio de su derecho soberano para brindar protección a Casella, hecho que no es considerado como una intervención a favor de ninguna de las partes en conflicto.

Por ende, la SRE siempre congruente mantiene una postura sensata ante violaciones a la inmunidad parlamentaria y derechos humanos, manifestada también el pasado 8 de mayo ante el arresto de Edgar Zambrano vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Esto no significa necesariamente que el gobierno mexicano contradiga sus principios y quiera apoyar a la oposición venezolana, sino que se busca proteger a los diversos actores políticos ante posibles abusos y/o violaciones a sus derechos humanos. Dicha postura es similar a la adoptada en casos anteriores como el atentado al Palacio de la Moneda que desembocó en el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile en el que, de igual forma se brindó protección e incluso asilo a políticos perseguidos por el régimen.

Como consecuencia de esta política, el gobierno mexicano mantiene su credibilidad como promotor del diálogo e impulsor de una solución pacífica al conflicto a través del denominado mecanismo de Montevideo que fue un instrumento creado a iniciativa de los gobiernos mexicano y uruguayo para propiciar el entendimiento entre los distintos sectores políticos venezolanos, sin perder referencia de los principios constitucionales a los que AMLO en repetidas ocasiones ha indicado como eje rector de su política exterior.

Sin embargo, es necesaria una mayor claridad por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto de este mecanismo y otras medidas que se busquen impulsar, para aportar a la resolución de la situación venezolana y no solamente quede en retórica o en un desmarque político por parte de la actual administración.

Licenciado en Relaciones Internacionales, interesado en política exterior, economía y organizaciones internacionales.

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